El 29 de octubre de 2024, el barranco del Poyo se desbordó con una fuerza devastadora. En cuestión de horas, localidades como Paiporta, Catarroja y Massanassa quedaron anegadas bajo más de dos metros de agua. Más de 220 personas perdieron la vida y los daños materiales se cuentan por cientos de millones de euros.
El epicentro de la catástrofe no fue solo meteorológico: también fue administrativo.
En el centro de las críticas se encuentra Miguel Polo Cebellán, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desde 2020, nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Un cargo estatal con competencias clave
La CHJ es un organismo autónomo que depende directamente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), dirigido por Teresa Ribera. Entre sus funciones están la gestión hidráulica de la cuenca del Júcar, la conservación de cauces públicos, la prevención de avenidas e inundaciones y la planificación de infraestructuras de defensa.
Por tanto, Miguel Polo no es un técnico cualquiera, sino un alto cargo del Estado con responsabilidad directa sobre la seguridad hidráulica de la región.
Un proyecto de defensa archivado por decisión política
El barranco del Poyo no era un riesgo desconocido. Desde 2010 existía un proyecto de encauzamiento completo, declarado de interés prioritario por la propia CHJ en 2011, que preveía diques, presas de retención y cauces de alivio para evitar desbordamientos.
Sin embargo, en 2021, bajo la presidencia de Polo, la CHJ archivó el proyecto, argumentando su incompatibilidad con la Ley de la Huerta y su “alto coste económico”.
Con esa decisión, se anuló la única planificación hidráulica integral que habría podido evitar el colapso del Poyo.
Fuentes técnicas internas aseguran que, desde entonces, el cauce permaneció sin defensas estructurales ni mantenimiento suficiente, pese a los avisos de ingenieros de la propia CHJ, que en 2020 alertaron de que el Poyo “no tenía capacidad para evacuar avenidas extremas”.
La gestión durante la DANA: información ignorada
Durante la emergencia, Miguel Polo representó al Estado en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI).
Según su declaración ante la jueza de Catarroja, recibió datos críticos sobre el caudal del Poyo (más de 1.600 m³/s a las 18:40 h), pero no comunicó verbalmente la alerta al resto de miembros del comité, limitándose a reenviar un correo técnico.
La jefa del 112 confirmó ante el juzgado que “no escuchó a Polo advertir del riesgo inminente de desbordamiento”.
El propio Polo admitió que “no insistió más porque daba por hecho que otros actuarían”, y que “no era su competencia mandar alertas”.
Sin embargo, expertos en gestión de emergencias señalan que el presidente de la CHJ tenía autoridad técnica y moral suficiente para exigir medidas urgentes, y que su falta de comunicación efectiva contribuyó a retrasar la respuesta casi dos horas, tiempo crucial en una crisis de tal magnitud.
Un patrón de negligencia acumulada
Las críticas hacia la gestión de Polo no se centran solo en el día de la catástrofe, sino en una trayectoria de omisiones institucionales:
- Cancelación del proyecto de encauzamiento del Poyo sin buscar alternativas técnicas.
- Falta de mantenimiento en cauces críticos de la cuenca baja.
- Desatención a informes internos que alertaban del riesgo extremo.
- Comunicación deficiente durante la emergencia.
- Intento posterior de trasladar la responsabilidad a la Generalitat Valenciana.
Durante su mandato, los fondos de inversión en defensa hidráulica se redujeron, priorizándose programas de “renaturalización de cauces” vinculados a la Agenda 2030, en detrimento de las infraestructuras de seguridad.
Responsabilidad política y moral
Aunque la jueza no ha imputado penalmente a Miguel Polo, la responsabilidad política y técnica es evidente.
El artículo 36 de la Ley 40/2015 establece que los altos cargos responden de los daños causados por dolo, culpa o negligencia grave en el ejercicio de sus funciones.
Y según el artículo 145 de la Constitución Española, la gestión de cuencas interterritoriales como la del Júcar corresponde exclusivamente al Estado.
Esto implica que la omisión de inversiones y la falta de planificación estructural recaen directamente sobre la CHJ y su presidente.
Un balance trágico y una exigencia pendiente
El resultado de esta cadena de decisiones es devastador: más de 220 fallecidos, miles de damnificados y la mayor catástrofe hidráulica de la historia reciente en la Comunitat Valenciana.
Mientras la justicia investiga, crece la presión social y política para que se depuren responsabilidades.
Diversos ayuntamientos, asociaciones vecinales y familiares de víctimas exigen la dimisión de Miguel Polo y una auditoría independiente sobre la gestión de la CHJ en los años previos a la DANA.
Más allá de la responsabilidad judicial, la tragedia del Poyo deja una pregunta abierta:
¿cómo pudo un organismo estatal, con medios, informes y proyectos en la mano, decidir no actuar ante un riesgo conocido que acabó costando centenares de vidas?
