El Gobierno de Pedro Sánchez ha asignado cerca de 400 millones de euros en subvenciones públicas a formaciones políticas, centrales sindicales y organizaciones empresariales, de acuerdo con los datos recogidos por Vozpópuli en el último Listado de Grandes Beneficiarios, correspondiente a junio de 2025. Las ayudas proceden de distintas administraciones —Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos— y se enmarcan en un sistema cuya falta de control y transparencia vuelve a estar en el punto de mira.
Un sistema heredado sin controles estrictos
Este mecanismo de financiación, vigente desde la Transición, continúa funcionando sin evaluaciones reales sobre el uso de los fondos ni sobre la eficacia de los programas subvencionados. La legislación obliga a publicar las ayudas superiores a 100.000 euros, pero al no contemplar sanciones para quienes incumplen, una parte significativa del flujo económico queda fuera del escrutinio público. Esto permite que numerosas entidades —incluidas fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos y sindicatos— reciban dinero sin que exista una trazabilidad clara.
La información disponible es incompleta y dispersa, lo que dificulta conocer la cifra total que organizaciones políticas y sociales reciben realmente cada año. Muchas subvenciones se reparten mediante estructuras paralelas, importes menores o entidades asociadas que no figuran en los registros principales, ampliando la opacidad del sistema.
Partidos políticos: PSC, PP y PSOE entre los más beneficiados
Según los datos recogidos por Vozpópuli, el PSC encabeza la lista de partidos subvencionados con 7,2 millones de euros, seguido por el PP con 5,9 millones y el PSOE con 5,5 millones. También destacan ERC (3,8 millones), Junts (2,1 millones), Podemos (1,5 millones), BNG (1,1 millones) y Catalunya en Comú (500.000 euros).
Además, aparecen importes destinados a grupos provinciales del PSOE y del PP en distintas diputaciones. Sin embargo, las cifras oficiales no reflejan la totalidad de ingresos públicos de los partidos: en sus memorias económicas de 2023, PSOE y PP declararon más de 80 millones en fondos públicos, muy por encima de lo registrado en subvenciones directas.
Sindicatos: UGT y CCOO acaparan la mayor parte
En el ámbito sindical, UGT aparece como el principal receptor con más de 50 millones de euros, distribuidos entre la confederación nacional y sus estructuras territoriales. CCOO, por su parte, se sitúa en torno a los 32 millones.
Otros sindicatos que figuran en el listado son:
• CSIF: 4 millones
• USO: 1,4 millones
• Intersindical Galega: 1,3 millones
• LAB: 400.000 euros
También se incluyen ayudas a organizaciones del sector educativo, agrario, comercial y cooperativista.
Patronales: la CEOE y sus filiales territoriales superan los 40 millones
La estructura empresarial tampoco queda fuera del reparto. La CEOE y sus confederaciones regionales obtienen más de 40 millones de euros, siendo la sede central la que mayor cuantía registra, con 7,1 millones. Las organizaciones de Castilla y León, Andalucía, Tenerife o Aragón superan varios millones cada una.
La patronal catalana Foment del Treball figura con 2,6 millones, junto a decenas de asociaciones sectoriales —metal, hostelería, pymes, calzado— que completan un entramado subvencionado de gran tamaño y escasa rendición de cuentas.
Fundaciones: el canal más opaco de financiación pública
La red de fundaciones vinculadas a sindicatos y patronales constituye uno de los capítulos más difíciles de rastrear. Entre las que más fondos reciben destacan:
• Fundación Laboral de la Construcción: 23 millones
• Fundación Insular Canaria: 7 millones
• Fundación de Trabajadores de la Siderurgia: 3,7 millones
Junto a ellas, decenas de entidades similares conforman un circuito paralelo que amplía el volumen de recursos públicos sin un seguimiento preciso.
Transparencia insuficiente y ausencia de reformas
A pesar de que la Ley de Transparencia pretende garantizar el acceso a la información pública, el modelo de subvenciones no ha sido reformado en décadas. No existen auditorías exhaustivas sobre el destino del dinero, no hay sanciones por incumplimientos y tampoco un registro consolidado que permita conocer el volumen total que reciben partidos, sindicatos y patronales.
El resultado es un sistema que mueve cientos de millones de euros al año sin mecanismos de control eficaces, alimentando una estructura financiada casi por completo con fondos públicos y sin una supervisión adecuada.
